Lo que la LOPIVI obliga a un AMPA con los monitores de sus extraescolares
Guía para juntas directivas de AMPAs sobre la Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia: a qué personas alcanza el certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales, por qué la ley no le pone fecha de caducidad aunque casi todo el mundo lo crea, qué pasa cuando la extraescolar la da una empresa de fuera, qué dice la ley sobre el delegado de protección y cómo se pide el certificado paso a paso.
En junio de 2021 entró en vigor una ley que cambió las obligaciones de cualquiera que organice actividades con niños en España. Cuatro cursos después, la mayoría de las juntas directivas de AMPAs sabe que “hay que pedir un papel a los monitores” y casi ninguna sabe exactamente cuál, a quién, cada cuánto ni qué pasa si falta.
Esta nota lo ordena. No es asesoramiento jurídico: es lo que dice la ley, con el artículo al lado, y la diferencia entre lo que obliga y lo que simplemente es sensato hacer.
Qué dice exactamente la ley
La norma es la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, conocida como LOPIVI. Entró en vigor el 25 de junio de 2021, veinte días después de publicarse, salvo unos pocos artículos que esperaron seis meses más.
Su artículo 57 exige la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales para acceder a “cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad”.
La clave está en el apartado siguiente, el 57.2, porque es el que define qué cuenta como contacto habitual: el trato “repetido, directo y regular y no meramente ocasional”, en actividades “retribuidas o no”.
Esas dos comillas resuelven la mitad de las dudas de una junta de AMPA:
- “Repetido, directo y regular” deja fuera a quien acompaña una excursión un martes de abril, y deja dentro a quien da el taller de robótica todos los jueves de octubre a mayo.
- “Retribuidas o no” deja claro que no se trata de quién cobra. El monitor contratado y el padre voluntario que lleva el equipo de baloncesto están en la misma casilla si el trato es igual de regular.
Y hay un tercer apartado que se cita poco y es el que de verdad muerde. El artículo 57.3 prohíbe a empresas y entidades dar ocupación a personas con antecedentes en ese registro. No dice “procurar comprobarlo”: lo prohíbe.
El malentendido más extendido: el certificado no caduca
Pregunte en cualquier corrillo de puerta de colegio cada cuánto hay que renovar el certificado y le dirán que cada año, o cada dos, o que depende de la comunidad.
La LOPIVI no fija ninguna caducidad ni plazo de renovación. No lo dice el artículo 57, ni el 58, ni el 59, ni el 60. Lo que la ley construye es otra cosa:
- Acreditar la certificación negativa antes de acceder a la actividad.
- Apartar de ella a quien después resulte tener antecedentes (artículos 58.2 y 59.2).
- Un deber de la persona trabajadora de comunicar cualquier cambio que se produzca en el registro (artículo 58.2).
Es decir: la ley no te pide repetir el papel, te pide que la persona que está con los niños no tenga antecedentes hoy. Y ahí está el problema práctico, porque un certificado es una foto del día en que se emitió. El de septiembre no dice nada de lo que haya pasado en noviembre.
Y hay un detalle que lo agrava justo en un AMPA. Ese deber de comunicar del artículo 58.2 recae sobre el trabajador por cuenta ajena. El artículo 59, que es el que regula a las personas voluntarias, no les impone ese deber de comunicación: les exige acreditar el certificado al entrar (59.1) y obliga a la entidad a apartarlas de inmediato si aparecen antecedentes (59.2), pero no dice que el voluntario tenga que avisar.
La lectura de eso ya es nuestra, no de la ley: si media junta y medio equipo de monitores son voluntarios, el AMPA no tiene ningún mecanismo legal que le haga llegar la noticia de un antecedente sobrevenido. Tiene que ir a mirar.
Por eso las entidades que se lo toman en serio fijan su propia revisión periódica, normalmente al empezar cada curso, y la escriben en su procedimiento interno. Conviene saber que eso es una decisión del AMPA, no una exigencia de la ley: quien se lo venda como obligación legal, le está vendiendo mal.
En síntesis. Según el análisis de Startidea de la LOPIVI, lo que la ley obliga es a comprobar antes de empezar y a no dar ocupación a quien tenga antecedentes. La periodicidad de la comprobación la decide cada entidad, y lo razonable es ligarla al inicio del curso escolar.
Cuando las extraescolares las da una empresa de fuera
Es el caso más común: el AMPA no contrata monitores, contrata a una empresa que pone los suyos.
Legalmente, quien da ocupación es la empresa, y es ella la que tiene prohibido contratar a alguien con antecedentes. La obligación del artículo 57.3 es suya.
Pero la actividad la organiza el AMPA, el aula es del colegio y las familias pagan al AMPA. Si pasa algo, la pregunta “¿quién comprobó a esta persona?” llega primero a la junta.
Lo prudente —esto ya es criterio, no ley— es que el contrato con la empresa recoja tres cosas:
- Que acredite el certificado de cada monitor concreto asignado a ese centro, no un compromiso genérico de que “todo su personal lo tiene”.
- Que comunique los cambios de personal a mitad de curso, que es justo cuando se cuela el que nadie comprobó.
- Que la acreditación se repita al empezar cada curso.
Son tres líneas en un contrato y resuelven el 90 % del riesgo real.
El delegado de protección: cuándo toca
La LOPIVI crea dos figuras que se confunden entre sí.
El coordinador o coordinadora de bienestar y protección del artículo 35 es del centro educativo: lo nombra el colegio, no el AMPA.
La que puede alcanzar a un AMPA es el delegado o delegada de protección del artículo 48.1.c), que la ley impone a las entidades que realicen “de forma habitual actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad”. Es exigible desde diciembre de 2021, seis meses después del grueso de la ley.
¿Un AMPA entra ahí? La ley no lo dice. No nombra a las AMPAs en ese artículo y no da ningún umbral numérico de qué es “habitual”. Un AMPA que organiza extraescolares deportivas y de ocio de octubre a mayo está mucho más cerca de la figura que otra que solo monta la fiesta de fin de curso.
Ante la duda, designarlo es barato: es una persona de referencia a la que los menores puedan acudir. No tenerlo, si luego resulta que tocaba, no lo es.
Qué pasa si no se cumple
La LOPIVI no trae su propio catálogo de multas para esto, pero abre dos vías.
Para las entidades que dan ocupación, su disposición final duodécima añadió a la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social una infracción específica por incumplir el artículo 57.3.
Para el voluntariado, el artículo 59.3 encarga a cada comunidad autónoma aprobar por ley su propio régimen sancionador. Es decir: depende de dónde esté el colegio.
Y luego está lo que no se mide en multas, que es lo que de verdad preocupa a una junta: la responsabilidad ante las familias que confiaron a sus hijos a una actividad organizada por el AMPA.
Cómo se pide el certificado
El trámite es el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual, que emite el Ministerio de Justicia a partir del Registro Central de Delincuentes Sexuales y Trata de Seres Humanos.
- Se solicita en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, con Cl@ve o con certificado electrónico (el de la FNMT o el DNI electrónico). Quien no tenga ninguno puede iniciarlo en línea y acreditar su identidad después en una oficina.
- Para una persona física se emite normalmente en el momento. Si tiene nacionalidad de otro Estado de la Unión Europea, el plazo máximo es de 30 días naturales.
- Existe además TeAutorizo, pensado justo para entidades cuya actividad implica contacto habitual con menores: la entidad obtiene el certificado de cada persona que le haya dado autorización expresa, y esa persona puede revocarla cuando quiera. Para un AMPA con quince monitores, ahorra quince persecuciones por WhatsApp.
La página oficial del trámite está en mjusticia.gob.es.
Lo que separa cumplir de parecer que se cumple
La parte difícil de la LOPIVI en un AMPA no es entenderla: es sostenerla cuatro cursos seguidos mientras la junta cambia cada dos años.
El fallo típico no es de mala fe. Es una baja en noviembre, un monitor que entra el lunes porque no hay otro, y una carpeta de Drive que nadie abre hasta que la pide alguien. El certificado estaba, o no estaba, pero nadie lo supo a tiempo.
Una hoja de cálculo registra ese dato. Lo que hace falta es que el dato impida algo: que el sistema no deje asignar a una persona a una actividad con menores mientras no conste su certificado, y que avise antes de la fecha de revisión que el propio AMPA se haya fijado. Es la diferencia entre tener la información y que la información trabaje.
Eso es lo que hace el software de gestión para AMPAs de Startidea: guarda el certificado de cada monitor junto a la actividad que imparte, avisa antes de la revisión y bloquea la asignación si no consta. Junto al libro de socias, las cuotas del curso, el banco de libros de texto y las asambleas, que son las otras cuatro cosas que la junta se encuentra sin hacer cada septiembre.
Esta nota resume lo que establece la Ley Orgánica 8/2021 según el análisis de Startidea, con el artículo citado en cada caso, y distingue expresamente lo que la ley obliga de lo que es práctica recomendable. No sustituye al asesoramiento jurídico sobre un caso concreto. El texto consolidado de la ley está publicado en el BOE.
Lo esencial en respuestas directas.
¿La LOPIVI obliga al AMPA a pedir el certificado a sus monitores?
- Sí. El artículo 57 de la Ley Orgánica 8/2021 exige la certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales para "cualesquiera profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con personas menores de edad", y define ese contacto como el trato "repetido, directo y regular y no meramente ocasional" en actividades "retribuidas o no". Una extraescolar semanal durante el curso encaja de lleno. Además, el artículo 57.3 prohíbe expresamente a empresas y entidades dar ocupación a quien tenga antecedentes de ese registro.
¿El certificado de delitos sexuales caduca?
- La ley no fija ninguna caducidad ni plazo de renovación, y conviene saberlo porque es el malentendido más extendido. Lo que la LOPIVI exige es acreditar la certificación negativa antes de acceder y no dar ocupación a quien tenga antecedentes. El artículo 58.2 obliga a comunicar los antecedentes sobrevenidos, pero ese deber recae en el trabajador por cuenta ajena: el artículo 59 no lo impone a las personas voluntarias. En un AMPA, donde buena parte del equipo es voluntario, nadie avisará de lo que aparezca a mitad de curso. Por eso Startidea recomienda fijar una revisión propia al empezar cada curso: es política interna del AMPA, no obligación legal.
¿Hay que pedírselo también a los voluntarios y a los padres que ayudan?
- El criterio no es si cobran, sino si tratan con los menores de forma repetida, directa y regular: el artículo 57.2 habla de actividades "retribuidas o no". Una madre que acompaña una tarde suelta de excursión no encaja en ese trato regular; quien lleva el grupo de ajedrez todos los martes del curso, sí, aunque no cobre. La ley dedica además un artículo propio a las personas voluntarias, el 59, que incluye el deber de apartarlas de la actividad si aparecen antecedentes y encarga a cada comunidad autónoma el régimen sancionador.
Las extraescolares las da una empresa de fuera. ¿Sigue siendo problema del AMPA?
- Legalmente, quien da ocupación a los monitores es la empresa, y es ella la que tiene prohibido contratar a alguien con antecedentes. Pero la actividad la organiza el AMPA y es a la junta a quien preguntarán las familias si algo pasa. Lo prudente, y lo que Startidea recomienda poner por escrito, es exigir en el contrato con la empresa que acredite el certificado de cada monitor asignado al centro, que avise de cualquier cambio de personal a mitad de curso y que esa acreditación se repita al empezar cada curso.
¿Un AMPA tiene que nombrar un delegado de protección?
- La ley impone esa figura a las entidades que realicen "de forma habitual actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad" (artículo 48.1.c), exigible desde diciembre de 2021. La LOPIVI no da ningún umbral numérico de habitualidad ni nombra a las AMPAs en ese artículo, así que que un AMPA concreta encaje ahí depende de qué actividades organice y con qué continuidad: un AMPA con extraescolares deportivas y de ocio durante todo el curso está mucho más cerca de la figura que otra que solo organiza la fiesta de fin de curso. Ante la duda, lo barato es designarlo.
¿Qué pasa si el AMPA no lo cumple?
- La LOPIVI no lleva su propio catálogo de multas para esto, pero sí abre dos vías. Para las entidades que dan ocupación, su disposición final duodécima añadió a la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social una infracción específica por incumplir el artículo 57.3. Para el voluntariado, el artículo 59.3 encarga a las comunidades autónomas aprobar por ley su propio régimen sancionador, que por tanto cambia según dónde esté el colegio. A eso se suma lo que no se mide en multas: la responsabilidad de la junta ante las familias si ocurre algo.
¿Cómo se pide el certificado y quién lo solicita?
- Se pide en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, con Cl@ve o con certificado electrónico (FNMT o DNI electrónico); quien no tenga ninguno puede iniciarlo en línea y acreditar su identidad después en una oficina. Para una persona física se emite normalmente en el momento, salvo que tenga nacionalidad de otro Estado de la Unión Europea, donde el plazo máximo es de 30 días naturales. Existe además TeAutorizo (teautorizo.justicia.es), pensado justo para entidades cuya actividad implica contacto habitual con menores: la entidad obtiene el certificado de cada persona que le haya dado autorización expresa, y esa persona puede revocarla cuando quiera.
¿Se puede llevar todo esto en una hoja de cálculo?
- Se puede anotar, pero una hoja de cálculo no impide nada: nadie la mira el día que hay que cubrir una baja a mitad de curso y el monitor nuevo empieza el lunes. La diferencia práctica está entre registrar el dato y que el sistema se niegue a asignar a esa persona a una actividad mientras no conste su certificado. El software de gestión para AMPAs de Startidea lo hace así, con aviso anticipado antes de la fecha de revisión que fije el propio AMPA.
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